Por Ana Gabriela Jiménez CubríaIntroducción
Como si fuera una fotografía, los estudios acerca de los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua en México revelan datos que reconstruyen una realidad atravesada por situaciones de pobreza, discriminación, clase, etnia y normalización de la violencia sistemática en contra de las mujeres en un lugar como muchos otros en el mundo donde, como bien señala Marcela Lagarde, las instituciones sociales y políticas están en manos de los poderes patriarcales.
Feminicidios en México
Para la realización de este trabajo he tomado en cuenta el estudio realizado por la Mtra. Julia Estela Monraez Fragoso de El Colegio de la Frontera Norte de México en el año 2000, quien logró recopilar y organizar los datos que pudo obtener del Registro Civil del Estado de Chihuahua, México, así como de las fuentes hemerográficas disponibles. Quisiera señalar la complejidad de la elaboración de un estudio como este puesto que es bien sabida la situación de corrupción y mal funcionamiento de las instituciones mexicanas encargadas de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas seguridad y aplicación eficaz de las leyes y procesos judiciales, para no hablar de una inexistente voluntad por parte del gobierno por esclarecer los hechos o reparar el daño causado a las familias de las víctimas.
Para cuando la Mtra. Monraez y su equipo comenzaron el estudio señalado, los crímenes estaban registrados sin desagregación por género en la categoría de asesinatos dolosos o asesinatos culposos, pero aún no se integraba a la estructura legal el término de feminicidio. De manera que el estudio recopila únicamente 97 de los 1453 casos que se conocen en el Estado de Chihuahua, por ser la primera la única cantidad confirmada, procesada y registrada conforme a la ley y que aparece en las fuentes hemerográficas entre los años de 1993 y 1999.
Saltó a mi atención uno de los cuadros que proporciona la Mtra. Monráez, en el que aparece la clasificación del estado en el que fueron encontrados los noventa y siete cuerpos de las mujeres que se tomaron en cuenta para este estudio. La información es sencillamente desgarradora. Incluyo aquí la Tabla 2 de dicho estudio: (no incluída en esta entrada de blog por mi desconocimiento de formatos para incluir tablas)
Estructura Patriarcal y Marco Conceptual
El término feminicidio fue acuñado por Diana Russel y Jill Radford en la década de los ochenta y se refiere al asesinato misógino de mujeres por el hecho de ser mujeres. El feminicidio es producto del sistema patriarcal y se entiende como el fin de una larga cadena de muchos tipos de violencia (psicológica, económica, física, de clase, etc). En muchos casos, como en el que nos ocupa, los crímenes son tolerados y minimizados por el estado y las instituciones religiosas –El catolicismo es en México la religión más extendida-. Según Cameron y Frazer, los feminicidios aparecen como posibilidades definidas por la cultura cuando se entiende al ser femenino como la clase sexual que debe ser dominada, y como tal carece de poder político y económico. Ante tal vulnerabilidad, las mujeres se encuentran sumergidas en una epidemia de machismo que repite patrones de exterminio. Como afirma Andrea Dworkin en Life and Death: “La percepción de las mujeres como sub-humanas ha evolucionado de tal forma que la violencia y la explotación se vuelven hábitos en vez de crímenes”.
Desde la escandalosa difusión de las primeras decenas de crímenes en Juárez en los años noventa se han formulado varias hipótesis que han salido a la luz sobre posibles responsables –existe la tesis del asesino en serie- así como un perfil definido de las víctimas como mujeres jóvenes, empleadas de las empresas maquiladoras. Se sabe ahora, por el aumento exponencial de la cantidad de víctimas así como por la variedad de circunstancias en que se han dado los crímenes, que la tesis del asesino serial es cada vez menos plausible, y que el perfil de las víctimas antes mencionado no recoge lo ocurrido en muchos de los casos, por lo que dicho perfil se convierte en un peligroso estereotipo que invisibiliza la gravedad de la violencia masculina contra todas las mujeres que no caen dentro de esta categoría.
Dentro de esta política de desequilibrio entre los géneros, en donde un grupo genéricamente construido, el de los hombres, mata a otro, las mujeres, encontramos que la actuación de los poderes estatales no hace más que reforzar el imaginario cultural del que deriva el problema. Tenemos entonces que el Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua en 1999, Arturo González Rascón, contribuyó con sus acciones y sus declaraciones a la culpabilización de las víctimas, estimando que las mujeres habían sido asesinadas por vestir provocativamente, consumir alcohol en exceso, visitar centros nocturnos o pasearse solas por las calles. Esta respuesta por parte de la autoridad estatal obedece al maniqueísmo de la moral imperante que además de contraponer a la mujer como inferior al hombre, impone las categorías de mujer buena y mujer mala, ésta última merecedora de un castigo por su falta de adecuación al sistema, al marco axiológico regente. El mensaje emitido por el poder es entonces: a las mujeres malas se les puede matar, y el asesino puede salirse con la suya.
Lo más grave de este tipo de mensajes de terrorismo sexual en el discurso de quienes deberían proteger a la gente es que se convierte en una especie de persuasión, una amenaza que se internaliza en el imaginario colectivo de todas las mujeres. Como respuesta a la ola de violencia, el estado lanzó campañas dirigidas a los hombres con la consigna de que protegieran a sus mujeres del peligro, poniendo límites a su movilidad y a su conducta, responsabilizándolas sobre su manera de vestir y de actuar. Estas campañas de “prevención de la violencia” gozan del visto bueno de un estado –y una sociedad- que tolera el machismo y celebra la opresión de la mujer disfrazándola de protección y de buena moral. De modo que Kate Millet acierta cuando afirma en Política Sexual que el sistema patriarcal es uno que no puede desligarse del uso de la fuerza, y otorga a los hombres el “derecho” de invadir los cuerpos de las mujeres.
Las estudiosas del feminismo que se han avocado al caso de los feminicidios de Juárez coinciden en que los crímenes contra las mujeres son asesinatos sexualmente políticos, que encuentran su raíz en el sistema de supremacía masculina, igual que el linchamiento o el holocausto, basados en la supremacía étnica. Son formas de terrorismo patriarcal, expresión de una cultura que define la sexualidad como una forma de poder (Caputti, 1990:2).
Dentro del grupo de los poderes fácticos con los que desafortunadamente convive el grueso de la población mexicana, además del estado y la iglesia, está el de los medios de comunicación. Si bien al principio se clamaba por una mayor intervención de la prensa y medios en general para que dieran voz a las víctimas y visibilizaran estos crímenes, con el paso del tiempo (no mucho) la intervención mediática en el asunto se desvirtuó hacia el amarillismo, la cobertura de los hechos de forma sesgada y apoyada en el factor morbo, en ocasiones sosteniendo la tesis del asesino serial cada vez menos fundamentada, y el estereotipo de las víctimas. Este tipo de prensa, al tiempo de contribuir con el terrorismo sexual sobre las mujeres, impide a la sociedad analizar el fenómeno en su totalidad.
Como hemos dicho anteriormente, este es un problema de violencia machista en el marco de una sociedad con profundas desigualdades económicas y sociales. Ciudad Juárez, otrora frontera moderna y próspera por el intenso intercambio comercial y cultural con Estados Unidos, representa el día de hoy el epítome de los efectos desastrosos del sistema capitalista neoliberal que se impuso como régimen económico a la nación mexicana durante los años ochenta y que terminó de gestarse en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) entre México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de las múltiples voces que se oponían al TLCAN por imponer condiciones injustas al comercio entre México y sus vecinos del norte, especialmente en el sector de la agricultura y las materias primas, el tratado entró en vigor bajo el velo optimista de un aparente crecimiento del sector industrial, muchas compañías americanas encontraron en México todas las facilidades fiscales para establecer fábricas y maquiladoras, pudiendo contratar mano de obra barata (baratísima: cincuenta centavos de dólar por hora de trabajo).
El consecuente deterioro del campo mexicano y la calidad de vida del sector rural (ya bastante debilitado por las continuas crisis económicas y el sistema casiquista de las décadas anteriores) obligó a una gran cantidad de personas (miles) a desplazarse del campo a la ciudad, y a abandonar sus lugares de origen para establecerse en ciudades industrializadas como Juárez, recorriendo la basta geografía mexicana en búsqueda de medios para subsistir, en muchas ocasiones sin conocer el idioma español, por pertenecer a pueblos indígenas. El desarraigo, la desprotección y la pobreza de la gente, aunado a los intereses económicos y políticos de la oligarquía fueron tejiendo una telaraña social en la que la población femenina ha pagado un precio extra para sobrevivir. Las mujeres atraviesan esta realidad con sus cuerpos como instrumento para el placer del otro, como moneda de cambio, receptáculo del ejercicio del poder masculino.
Al otro lado de la frontera se encuentra la mayor potencia armamentística del mundo que es, a la vez, el país con mayor consumo de drogas. El tráfico de armas, narcóticos y personas es cosa común en Ciudad Juárez y a todo lo largo de la frontera con EEUU. En los últimos años, Felipe Calderón ha lanzado una “guerra contra el narcotráfico” que ha militarizado los estados del norte de México y que lleva ya un saldo de más de veinte mil muertos (según las cifras oficiales). Entre las múltiples víctimas civiles de esta caprichosa guerra, se encuentran numerosos casos de mujeres violadas y golpeadas tanto por presuntos sicarios como por miembros del ejército. Tal es el caso de la señora Ernestina Asencio, mujer Náhuatl originaria de la Sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz, quien fue violada y golpeada hasta la muerte por más de seis soldados en el año 2007.
El caso es relevante por la impresionante impunidad de los victimarios, tanto los materiales como los agentes estatales y políticos que lo propiciaron. Siendo una mujer que no conocía el idioma español, las pocas declaraciones que dio al momento de agonizar fueron tergiversadas con el objetivo de no implicar a los miembros del ejército culpables de su muerte, y por ende, al gobierno federal, último responsable de este crimen y de muchos más que no salen a la luz en México y América Central. La versión de la investigación judicial realizada de que la Sra. Ernestina Asencio murió de gastritis fue apoyada por el Procurador de Justicia, el Gobernador del Estado, el Presidente de la República, el ombudsman de Derechos Humanos y el Instituto de la Mujer.
Con lo anterior he querido ilustrar el poco interés que hay por parte de los agentes sociales, civiles y gubernamentales en que los asuntos relativos al abuso, la violencia y las vejaciones hacia las mujeres sean materia de debate público, incluso podemos afirmar que las circunstancias dadas son un eslabón más en la larga tradición de utilitarismo del cuerpo femenino como botín de guerra entre poderes hegemónicos.
Aún cuando en las últimas décadas se han logrado importantes avances en materia de derechos de la mujer y prevención de la violencia –podemos tomar como evento clave la Conferencia de Beijing y la posterior publicación de la Ley Orgánica de Igualdad en España, así como en México la Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia- no podemos dejar de señalar que la violencia sexista responde a cualidades estructurales del sistema que impiden a las mujeres conocer sus derechos, ejercerlos y reconocerse como sujetos. Conviene anotar lo que dice al respecto Raquel Osborne:
En las sociedades modernas las prácticas de la dominación no se mantienen promordialmente por la fuerza ni, en el caso de las mujeres, por la coacción sexual directa. Esto no quiere decir que el miedo y la coacción no sean utilizadas para restringir su libertad. De hecho cuando se esgrime que la violación constituye un atentando contra la libertad individual y colectiva de las mujeres se está queriendo resaltar la forma en que, no ya solo la violación en sí sino el temor a ser violadas, representa una constatación palbable de la devaluación, objetivización y carencia de autonomía de las mujeres, lo cual actúa como mecanismo de dependencia y sujeción al control masculino. (2009: 58).
Raquel Osborne también señala cómo otras instituciones ayudan a mantener el sistema de dominación por medio de lo que Jónasdóttir llama “El poder del amor”, refiriéndose, por ejemplo al matrimonio, la familia tradicional, la heterosexualidad obligatoria y la división sexual del trabajo. Todas estas formas de control sobre las mujeres obedecen a la lógica del amor romántico como motivación para todas las relaciones que la mujer sostiene con los demás, sustentada en la religión y en un marco axiológico social que detenta una dicotomía entre el bien y el mal, castigo recompensa y el sistema de persecución – resistencia en el establecimiento de las relaciones de pareja, en el cual la mujer nunca es dueña de un deseo propio ni es propietaria de un cuerpo suceptible de ejercer activamente su sexualidad, ni autodeterminarse como persona completa. La dualidad Eros-Tánatos es nuevamente una categoría que incluye exclusivamente al varón.
La violencia sexista, en su modalidad de violencia sexual, ha sido también materia de debate entre los círculos feministas. A lo largo de la historia esta discusión ha sido mantenida hasta el punto de transformarse, en algunas ocasiones, en estandarte de posturas estatales que reprimen el uso del cuerpo de la mujer y la apropiación de su persona, pues se sigue sosteniendo el debate con la mirada puesta en la responsabilidad que las mujeres tienen en resistirse tanto a sus deseos como a una posible violación. Me resulta muy interesante lo que Osborne dice al respecto, y que anoto a continuación:
La asociación entre masculinidad y heterosexualidad confiere al acto de violar un alto valor simbólico, ya que detrás de la obsesión por conquistar subyace el hecho de que el hombre debe probar su masculinidad, mientras que la identidad femenina ha sido construida históricamente como carente de una sexualidad propia. (2009: 69).
Este valor simbólico al que se refiere Osborne no debe tomarse a la ligera. Los seres humanos somos seres simbólicos, la capacidad para percibir el mundo, dotarlo de significados y establecer relaciones entre ellos es lo que nos confiere la capacidad para relacionarnos con el otro, construir un lenguaje y comunicarnos. La puesta en común de estos significados afecta directamente nuestras acciones, aunque muchas veces no seamos conscientes de este complejo proceso.
Pierre Bourdieu (1997) acuña el término de violencia simbólica para referirse a un tipo de violencia inscrita en la estructura de la que participamos sin ser concientes de ello, y sea sufriéndola o ejerciéndola.
El discurso de la estructura social es, entonces, violento por sí mismo, ya que elabora continuamente los discursos propios para la superviviencia del sistema en los términos en que ha sido establecido. Para que la violencia patriarcal continue es necesario que se den todos los elementos que ya se han mencionado con anterioridad, y hago hincapié en la tendencia discursiva a la escición del mundo en su totalidad entre posturas dicotómicas inamovibles que incluyen claramente la división del mundo entre hombres y mujeres.
La propensión a subrayar las diferencias entre los sexos antes que sus semejanzas refuerza una visión dicotómica del mundo que conduce, como acontece siempre en el caso de las dicotomías a una jerarquización de las partes implicadas (Osborne 2009:25).
Al respecto de esta visión dicotómica de la que somos objeto conviene resaltar también lo que Carole Vance denomina “la doble faz de la sexualidad”, refiriéndose a cómo las mujeres nos vemos obligadas a vivir en un cuerpo que representa por un lado el gozo y por otro el riesgo. La estructura patriarcal divide nuestras prácticas sexuales y el uso de nuestro cuerpo, lo divide, lo corta. La decisión sobre si vivir la cara del placer o la del peligro no siempre está en nuestras manos, y para muestra un botón.
CONCLUSIÓN
En este duro recorrido por algunos de los ejemplos más tristemente célebres de feminicidios en mi país, es difícil pensar, en un primer momento, en una solución al problema. Me queda claro que no existen soluciones mágicas, y menos para un asunto tan complejo como es el arraigo del patriarcado. La violencia manifiesta en nuestras relaciones interpersonales es algo de lo que primero hay que hacer conciencia para poder cambiarlo.
Se antoja difícil dicha concienciación por parte de las mismas integrantes del grupo violentado, pero es posible, está siendo posible. Los casos de feminicidios nos dan una idea de qué tan profundo es el alcance de la dominación patriarcal, pero los múltiples ejemplos organización para darle vuelta a esta estructura dejan ver una luz en el camino. Las mujeres (y los hombres) somos capaces de reconocernos en toda la amplitud de nuestra subjetividad, somos capaces de cambiar los paradigmas que rigen nuestras cosmovisiones, pero esto requiere de un trabajo constante tanto en el quehacer público como en el privado de cada persona.
Bibliografía:
Cameron, Deborah y Elizabeth Frazer. The lust to kill. New York University Press. 1987.
Dworkin, Andrea. Life and death. New York Free Press. 1997.
González, Ivan. Ponencia sobre Derechos Culturales de las Mujeres. I Congreso sobre Estudios de Género y Desarrollo: Balance y propuestas. 4 de diciembre de 2009. Red Gedea. Universidad Autónoma de Madrid.
Hernández Bringas, Héctor. Las muertes violentas en México. 1989.
Monraez Fragoso, Julia Estela. La cultura del Feminicidio en Cd. Juárez. 1993-1997. Revista Frontera Norte. Enero – Julio, vol. No. 23. El Colegio de la Frontera Norte, México, 2000.
Osborne, Raquel. Apuntes sobre violencia de género. Ediciones Bellaterra. 2009.
¿De verdad es lo mismo ahora un inmigrante que un criminal? Las imágenes son terroríficas. En la edición del día de hoy de La Jornada, la cabecera es: "Redadas contra migrantes en arizona", le sigue una foto de tres militares, dos güeros y uno de apariencia más paisana, de pie, custodiando a una hilera de personas atadas de manos, mirándose con una mezcla de profundo desconcierto, profundo miedo y profundo agotamiento. Detrás de todos un camión grande, verde, lleno de gente, que recuerda un poco ciertas maneras ya tradicionales de deshacerse de la gente no deseada.
